"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Aquí nos discriminan
El CERMI celebra la absolución de la familia leonesa acusada de abandono familiar
16/04/2015
El CERMI celebra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de León, que absuelve a los progenitores de una persona con síndrome de Down del delito de abandono de familia, por negarse a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, como ordenaba la Administración educativa de Castilla y León, ante la imposibilidad de hacerlo en un centro inclusivo, como era su deseo.
La responsabilidad en este caso es del sistema educativo español, de su legislación reguladora y de las administraciones que la aplican, que ignoran los valores, principios y mandatos superiores de la Convención, que establece el modelo de educación inclusiva y el ejercicio de la libertad de elección, mientras no desaparezca la educación segregadora por razón de discapacidad.
En su momento, el CERMI exigió a la Fiscalía de León, que ejerció la acción penal, que desistiera de la misma, pues suponía una aberración acusar criminalmente a quienes, como esta familia, quieren hacer uso de un derecho humano reconocido en un tratado internacional de Naciones Unidas, y el sistema de enseñanza español se lo impide sin ninguna justificación.
Asimismo, el CERMI pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado en el caso, la cual emitió a solicitud del CERMI un informe en el que desaconsejaba actuar criminalmente y planteaba la renuncia a la acción penal por la Fiscalía, lo que finalmente ha sucedido.
La Fiscalía de León, atendiendo al informe de la Fiscalía General del Estado, ha renunciado a la acusación, produciéndose como consecuencia la absolución de estos progenitores.
Este desgraciado caso judicial pone en evidencia la completa incompatibilidad de la legislación española en materia de educación con la Convención de la ONU y la vulneración estructural y permanente del derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, sin discriminaciones ni segregaciones.
El CERMI en el momento de la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE) ya denunció la contradicción de la misma con la Convención y pidió a la Defensora del Pueblo que la recurriera ante el Tribunal Constitucional. De igual modo, en sus informes anuales sobre derechos humanos y discapacidad en España, que el CERMI remite a Naciones Unidas, aparece constantemente la queja contra España por mantener una legislación educativa contraria a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
