En el Año Europeo de la Ciudadanía, el CERMI recuerda que los casi 100 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión Europea no tienen asegurados los derechos humanos y la libertades fundamentales que forman parte del acervo irrenunciable de las sociedades democráticas avanzadas, horizonte a que deberían aspirar los países europeos.    

 

Derechos tan esenciales como el de sufragio, el de igualdad plena ante la ley, el de no discriminación, el de libertad personal, el de integridad física, el de libre desplazamiento y el de expresión y comunicación, entre otros muchos, no están garantizados para las personas con discapacidad que residen en el territorio de la Unión Europea, que se enfrentan día a día con múltiples y crecientes obstáculos y restricciones para ejercer su completa condición de ciudadanos y ciudadanos.

 

La situación de las mujeres y hombres con discapacidad se agrava aún más desde la perspectiva de los derechos sociales y económicos, pues en este ámbito son un grupo de población especialmente expuesto a la pobreza y a la exclusión social, lo que supone un negación a la participación, a la autonomía personal, a la vida independiente y al ejercicio regular de la ciudadanía nacional y europea.