En sus aportaciones a la consulta pública europea, el CERMI alerta de que informes preliminares sobre riesgos del uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) revelan discriminaciones en perjuicio de grupos sociales más expuestos a ver vulnerados sus derechos tales como género, raza o situación migratoria.

 

Además, el CERMI señala que recientes estudios evidencian que las personas con discapacidad no son ajenas a este fenómeno, muy a menudo a través de discriminaciones múltiples e interseccionales

 

A juicio del CERMI, las personas con discapacidad, como grupo colocado en situación de fragilidad social, se encuentran ante un mayor riesgo de vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, lo que justifica que se adopten enfoques específicos basados en el principio de igualdad y no discriminación; además de tomar en consideración los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal.

 

Por ello, reclama la plataforma española de la discapacidad, el despliegue y gestión de la IA ha de estar sometido a procedimientos democráticos de gobernanza, que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todos los grupos de interés en la toma de decisiones y en la validación de soluciones. Las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas son un grupo de interés legítimo de la IA que ha de tener asegurado un rol en el gobierno de estos sistemas.