"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El CERMI demanda a Economía que incluya la discapacidad en las nuevas normas sobre Gobierno Corporativo
22/10/2013
El CERMI demanda al Ministerio de Economía y Competitividad que incluya la discapacidad en las nuevas normas sobre Gobierno Corporativo, realizando así unas propuestas dirigidas al informe sobre las primeras conclusiones de la Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo, el ‘Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas’.
Según indica el CERMI, desde el punto de vista de la inclusión de la discapacidad, se echa en falta en estas propuestas una mención a la necesidad de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad o de edad avanzada a la información corporativa a que tienen derecho como accionistas.
Asimismo, continúa, es “preciso” asegurar que los accionistas con discapacidad o de edad avanzada puedan participar en las Juntas y en los Consejos de Administración, eliminándose las barreras físicas, de comunicación o cognitivas, que impidan el ejercicio de sus derechos sociales.
La discapacidad, explica el CERMI, es un “componente esencial” de la diversidad social que debe ser tenido en cuenta en las políticas y procedimientos de selección de los miembros de los Consejos de Administración, asegurando el cumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades.
“La participación de las personas con discapacidad en los Consejos de Administración supone una aportación de talento y puntos de vista que enriquecen los procesos de toma de decisiones, contribuyendo a una mejor gobernanza”, señala el CERMI.
Estudio sobre propuestas de modificaciones normativas
La Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, creada por acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 10 de mayo de 2013, ha presentado este estudio, en el que analiza la situación del buen gobierno de las sociedades en España y propone medidas para mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas.
Se trata de una primera fase de los trabajos de dicha Comisión, que va a continuar con la revisión de las recomendaciones incluidas en el Código Unificado de Buen Gobierno, cuyo plazo se extiende durante los próximos cuatro meses.
Así, las principales recomendaciones afectan a la modificación de la legislación mercantil, cuyas líneas maestras son las relacionadas, por una parte, con ampliar las competencias de las Juntas Generales, reforzar los derechos de los accionistas minoritarios y asegurar la transparencia en la información que reciben los accionistas.
Por otra parte, se hace referencia a los Consejos de Administración, en el sentido de completar la regulación del deber de diligencia de los administradores y subsanar las insuficiencias detectadas en la normativa actual sobre el deber de lealtad y la ampliación del régimen de responsabilidad.
En este punto, también recomienda garantizar, entre otros aspectos, la diversidad de género, experiencia y conocimientos, así como su función de supervisión; o la inclusión de la figura legal del consejero coordinador para aquellos casos en que los cargos de presidente del Consejo y primer ejecutivo de la sociedad cotizada recaigan en la misma persona.
Asimismo, establece la reducción de 6 a 4 años el periodo de cada nombramiento de consejeros; y propone incluir en la ley los aspectos relacionados con la remuneración de los consejeros, clarificar el régimen de retribución de los ejecutivos, así como las normas relativas al régimen y sistema de remuneración de los consejeros, que deberá ser aprobada por la Junta, al menos cada tres años, como punto separado del orden del día.
También señala que la Junta debe votar, de manera consultiva, la aprobación del informe anual sobre remuneraciones. Y, en caso de voto negativo, deberá realizarse una nueva propuesta de política de remuneraciones en la siguiente Junta General de accionistas.
Además, el Grupo propone establecer como obligatorias en las sociedades cotizadas la comisión de auditoría y la comisión de nombramientos y retribuciones, con consejeros independientes como presidentes y propone su regulación y composición.
