Aseguró que este diferencial está en un 50% si se trata de mujeres con discapacidad y dijo que estos datos corresponden a la escala de inclusión de personas con discapacidad en España (37 indicadores) del 'Informe Olivenza 2015' del Observatorio Estatal de la Discapacidad, gestionado operativamente por el CERMI estatal.

 

Pérez Bueno compareció ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, a la que acudió para informar sobre la situación de los derechos humanos entre las personas con discapacidad, así como del seguimiento de la aplicación en la Comunidad de Madrid de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

 

Explicó que existe un "déficit considerable" en materia de derechos humanos referidos a este colectivo, consideró que ésta es una "cuestión no resuelta" y destacó que "las serias restricciones que tenemos deben ser atajadas y minimizadas".

 

En este sentido, explicó que el 60% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas o sometidas a trato desigual desfavorable por motivos asociados a su discapacidad y afirmó que solo el 10% lo denuncian.

 

A su juicio, "las personas con discapacidad sienten como problema vital de efectos más devastadores la pobreza de sus relaciones sociales, consecuencia de las fuertes restricciones a la participación comunitaria que padecen".

 

Asimismo, señaló que con su comparecencia pretende exponer la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España desde la óptica del movimiento social de la discapacidad y aclaró que "no me centraré específicamente en el caso de la Comunidad de Madrid, aunque buena parte de lo que diga en términos nacionales, puede proyectarse en este territorio, pues la legitimidad de la representación del movimiento madrileño de personas con discapacidad y sus familias corresponde al CERMI Comunidad de Madrid".

 

El presidente del CERMI hablo de la necesidad, para conseguir logros en esta materia, del "diálogo civil" entre poderes públicos y los movimientos sociales integrados por miembros de estos colectivos. Refiriéndose cuantitativamente a las personas con discapacidad, dijo que representan el "10% de la población, y creciendo", y el 20% si se cuentan las familias".

 

Afirmó que las mujeres y las niñas representan el 60% del total y cifró en ese mismo porcentaje las personas con discapacidad de edad avanzada. A su juicio, la discapacidad tiene "rostro de mujer mayor".

 

Respecto a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, manifestó que es el "hecho más trascendental y con más carga de transformación nunca producido" y añadió que esta convención es "nuestro marco referencial y nuestra hoja de ruita de actuación para el cambio social y de mentalidad".

 

Como conclusión, indicó que "las personas con discapacidad son un grupo social estructural y sistemática excluido, que presenta un déficit severo de ciudadanía, entendida como posibilidad efectiva de ejercicio regular de derechos fundamentales y libertades públicas y acceso y disfrute bienes sociales, por lo que son necesarias políticas y legislaciones vigorosas de derechos, igualdad e inclusión".

 

"Respecto a derechos humanos, España presenta un problema grave en relación con las personas con discapacidad, por lo que la agenda política nacional y autonómica tiene que afrontarlo con convicción, energía y voluntad acelerada de transformación", añadió.