Esta crítica llega tras la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto-Ley 6/2015 por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario, así como de lo anunciado por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte en relación a la elaboración de un Real Decreto de desarrollo de dicha norma y dos Órdenes Ministeriales sobre Reconocimientos de Costes y sobre Fijación de Criterios objetivos para otorgar ayudas a los proyectos de largometrajes.

 

En este sentido, el CERMI lamenta no haber sido informado ni consultado durante la elaboración del Real Decreto-Ley 6/2015,  lo que a su juicio es una deficiencia formal y una desconsideración con la discapacidad organizada.

 

Pero además de este aspecto, la norma aprobada y las que están en curso ignoran absolutamente la atención a medidas de promoción de la accesibilidad audiovisual, lo que supone un asunto de extraordinaria importancia, que incumple la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y toda la normativa española contra la discriminación de este colectivo.

 

Por ello, es necesario que se corrijan estos errores durante el desarrollo reglamentario de los diferentes textos legales, y que se dialogue con los representantes del movimiento de la discapacidad, para poder conseguir entre todas las partes que las personas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad de condiciones del cine.