En su escrito al Defensor europeo, el CERMI señala que este modelo de negocio de estaciones desatendidas vulnera de modo sistémico los derechos de los consumidores con discapacidad, ya que no garantiza la accesibilidad universal en el suministro para una parte importante de la población, por lo que no debe ser admitido por la legislación europea, que está sometida a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

A juicio del CERMI, el Defensor del Pueblo, como encargado de velar por los derechos de la ciudadanía europea, debe abrir una investigación sobre la actuación de la Comisión Europea en este materia, e instar tanto al Ejecutivo como al Parlamento europeos, para que modulen la normativa europea y prohíban el modelo de negocio. O en su defecto, que en todo caso se permita a los Estados miembro, regular la admisión o no de las gasolineras sin personal, en función de su realidad nacional.

 

El CERMI recuerda al Defensor del Pueblo europeo que la protección de los derechos de las personas con discapacidad son tan imperativos como los principios de libertad de empresa y de mercado, por lo que no pueden ser sacrificados ante visiones descarnadamente economicistas, que dejan de lado todo lo que no sea afán de lucro y enriquecimiento fácil.