Ese año, la Unión Europea aprobó una serie directivas sobre contratación pública que los Estados miembros, entre ellos España, debían incorporar a su derecho interno, modificando su legislación nacional de contratos del sector público, antes de mayo de 2016.

 

España ha incumplido este plazo, incurriendo por tanto en infracción de la normativa europea, por lo que Comisión Europea puede abrir investigación y en su caso imponer sanción a nuestro país.

 

La transposición de estas directivas es del máximo interés para el movimiento español de la discapacidad, pues refuerzan la dimensión social de la contratación pública y permiten a los Estados regular condiciones sociales, medioambientales y de accesibilidad, así como nuevas fórmulas y modalidades de participación del tercer sector en la gestión de servicios públicos, mejorando así la inclusión y los derechos de los sectores sociales vulnerables.