Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en su respuesta a la consulta pública lanzada por la Comisión Europea sobre “Transporte urbano - Evaluación de las medidas de la Unión Europea”, que coincidiendo con la semana de la movilidad, se inició el pasado 11 de septiembre y con plazo de expiración hasta el 4 de diciembre de 2019.

 

Para las políticas y estrategias de la UE la movilidad urbana de las personas con discapacidad, previo aseguramiento de una condiciones de accesibilidad universal en el diseño, la gestión y el uso de las ciudades, es una cuestión marginal a la que apenas presta atención, quedando siempre relegadas ante otras preocupaciones como la sostenibilidad ambiental, la congestión o la salud pública.

 

En sus planteamientos ante la Comisión, el CERMI propone que la movilidad accesible, respetuosa e inclusiva sea una prioridad absoluta, a la altura de la sostenibilidad. Para ello, reclama que la nueva programación de fondos europeos aflore financiación para que los Estados creen estrategias nacionales de accesibilidad y movilidad urbanas, que no se limiten a a conseguir espacios públicos sin barreras. Tienen también que apoyar socialmente a las personas con discapacidad para que el transporte además de accesible, sea asequible, sin exclusión económica.

 

Entre estas medidas, el CERMI ha propuesto a la Comisión que se considere la exención total de aportación o pago de tarifas por parte de las personas con discapacidad y personas mayores, en toda Europa, en el uso del transporte público urbano.