A este débil grado de protección social que estructuralmente han padecido las familias españolas, hay que añadir los efectos de la crisis económica que han reducido aún más los apoyos, tanto por la desaparición de prestaciones como por la extensión generalizada del copago como requisito de acceso a cualquier prestación social pública.

 

España está muy lejos en nivel de protección social familiar de la media de los países europeos por lo que son necesarias políticas ambiciosas de apoyo estructurado y permanente a las familias, particularmente a aquellas que presentan situaciones de discapacidad.

 

En relación con la infancia con discapacidad, por ejemplo, España carece de un sistema de atención temprana uniforme e integral, y con rango de derecho subjetivo, dependiendo del territorio donde se resida. En algunas comunidades autónomas llega a los 3 años, en otras a los 6 años, y los dispositivos y recursos de atención varían completamente, más allá de criterios técnicos comúnmente aceptados. 

 

A juicio del CERMI, nuestro país necesita una ley integral de apoyo a las familias, que establezca un marco amplio e intenso de protección familiar, que se incrementaría sistemáticamente ante situaciones de discapacidad. Esta legislación debería adoptarse en esta Legislatura, por lo que el CERMI insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a preparar esta futura norma, en diálogo con todos los sectores sociales.