Este estudio, que cumple su octava edición, lo elabora el CERMI en su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatuto reconocido oficialmente al CERMI por el Estado español.

 

El informe muestra que la gran brecha en el cumplimiento de los mandatos de la Convención tiene su origen en la falta de voluntad política de los poderes públicos, así como en una insuficiente toma de conciencia por parte de todas las partes concernidas, pese a que España fue uno de los primeros países en firmar y ratificar este tratado internacional de derechos humanos.

 

 

En el año 2015, siguieron vulneraciones flagrantes ya denunciadas anteriormente, que se reiteran contumazmente, señala el CERMI, que refiere entre ellas la esterilización forzosa, la negación de derechos políticos y de participación, la ausencia de la educación inclusiva, las gravísimas carencias en materia de accesibilidad, la no garantía del derecho a la inclusión en la comunidad y a llevar una vida independiente, o la no adecuación de la legislación civil a los mandatos relativos al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

 

Como documentación, el informe incluye un apartado sobre el trabajo de Naciones Unidas en materia de discapacidad o la actividad del CERMI ante Naciones Unidas.

 

En el año del décimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora en 2016, queda de manifiesto sin ambages la tarea ingente aún pendiente para que los hombres y mujeres con discapacidad en España accedan y ejerciten los derechos humanos con la misma intensidad y alcance que el resto de miembros de la comunidad, señala el CERMI en el informe.