Esta situación contrasta con la de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social, que tienen reconocido ese beneficio en ciertas condiciones. 

 

Esta diferencia de trato, en función de si se es funcionario sometido al régimen de clases pasivas o trabajador afiliado a la Seguridad Social, constituye a juicio del CERMI "una discriminación injustificada que debe ser erradicada cuanto antes del ordenamiento jurídico". 

 

Los trabajadores con discapacidad del régimen general de la Seguridad Social pueden acogerse a la jubilación anticipada en determinados supuestos, como forma de compensar la menor esperanza de vida originada por la discapacidad o la intensificación de los efectos del envejecimiento, también causados por este motivo. 

 

Pero esta ventaja social, sostiene el CERMI, "no se extiende a los funcionarios públicos cuyo régimen de seguridad social es distinto del general de los trabajadores, y que no fue modificado para incluir estos casos, y que guardan absoluta identidad de hecho y han de tener el mismo tratamiento legal". 

 

Por estos motivos, el CERMI pide a la Defensora del Pueblo que "investigue esta situación discriminatoria y que recomiende al Ejecutivo el cambio en la legislación para evitar en lo sucesivo esta desigualdad de trato". 

 

De igual modo, el CERMI incluirá este planteamiento en el documento de propuestas electorales que presentará a los partidos que concurran a los próximos comicios generales, para que lo asuman como compromiso.