Formación y Empleo

El CERMI denuncia que la reforma educativa ignora los mandatos de la Convención de la ONU

10/04/2013

El CERMI ha denunciado que la reforma educativa que prepara el ministerio de Educación ignora los mandatos que en materia de enseñanza inclusiva impone a España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por nuestro país.

Pese a las insistentes propuestas planteadas por el CERMI al Departamento que dirige Wert para que la reforma de la Ley Orgánica de Educación incorpore el modelo de inclusión educativa para personas con discapacidad exigido por la Convención de Naciones Unidas, el texto ministerial no ha entrado en la modificación de los aspectos relacionados con el alumnado con discapacidad, por lo que a juicio del CERMI se desperdicia una oportunidad histórica para que España cumpla con sus compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos de las personas con discapacidad, adaptando su legislación.

El tratado internacional de la discapacidad impone a los Estados que los sistemas educativos sean inclusivos, lo que significa entre otras cuestiones que no son compatibles con la Convención modelos, dispositivos o prácticas que segreguen al alumnado con discapacidad, a través de modalidades específicas o separadas de enseñanza.

España no cumple con este mandato, ya que en la actualidad al menos un 20% del alumnado con discapacidad está escolarizado en modalidades de educación especial, que según la Convención no son acordes con el principio de educación inclusiva, que es el único aceptable desde una perspectiva de derechos.

Además de esta inadecuación del modelo español, y hasta tanto no se alcance un sistema plenamente inclusivo, otro de los aspectos que propone modificar el CERMI es que mientras existan dos modalidades educativas, ordinaria y especial, la elección sobre la adscripción del alumno o alumna con discapacidad recaiga sobre sus progenitores o representantes legales, y no sobre los administración educativa, como mantiene nuestra legislación, lo que vulnera gravemente el derecho a la libre opción que consagra la Convención a toda persona con discapacidad.