El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto de la Cruz investiga a los presuntos autores de estos hechos, que son cuatro jóvenes de 17, 18, 19 y 24 años. La Guardia Civil ha explicado que esta persona fue trasladada a un paraje en contra de su voluntad para grabar el vídeo. Las diligencias correspondientes han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de San Cristóbal de La Laguna.

 

A través de un comunicado, CERMI Canarias ha expresado su "absoluta repulsa" ante hechos de este tipo, que "tratan de denigrar a personas con discapacidad, valiéndose de su mayor vulnerabilidad".

 

 

Además, el mismo colectivo anunció ayer que ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) una reforma normativa para corregir el vacío legal que permite que quede sin sanción el aparcar en plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en espacios de titularidad privada pero de uso público, como los centros comerciales.

 

Así lo puso de manifiesto el CERMI en una carta enviada al organismo y que han acompañado de un informe en el que se estudia la situación creada tras una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en materia de tráfico. La decisión judicial revela un vacío legal que, según la organización, "puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados". En concreto, la sentencia se refiere a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa ante el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad de un centro comercial, sin que el usuario tuviera un título habilitante para hacerlo.

 

Esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública.

 

El CERMI pide a la DGT que inicie los trabajos técnicos de análisis sobre esta problemática y se elabore una propuesta normativa para que pueda ser aprobada por el próximo Gobierno, para lo que realiza una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual, encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública.