Actualidad

IV Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad

El CERMI destaca un incremento del 20% de consultas por discriminación de personas con discapacidad

12/04/2012

La delegada del CERMI para la Convención de la ONU, Ana Sastre, ha presentado un avance del Informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2010, en el que se recoge que en 2011 ha aumentado un 20% las consultas por discriminación de personas con discapacidad.

En este sentido, ha manifestado que las consultas por discriminación aumentaron en 2010 un 9% y este porcentaje se ha incrementado al 20% en 2011, con un total de 85 consultas.

Según Sastre, el CERMI ha atendido un total de 428 consultas de todo tipo sobre derechos y prestaciones relacionadas con la discapacidad, de las que 93 corresponden a vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad, mientras que el resto se tratan de consultas informativas.

En relación al tipo de consultas atendidas, Sastre ha afirmado que también se ha incrementado el número de consultas sobre prestaciones económicas, pasando de un 21% en 2010 al 26% en 2011.

Además, con respecto a los artículos de la Convención de la ONU que más se reclaman, ha destacado los relacionados con un nivel de vida adecuado y protección social, así como con el derecho al trabajo. “El empleo sigue preocupando mucho, con un total de 100 consultas”, ha apuntado. Sin embargo, ha indicado que el año pasado han bajado el número de consultas en materia de empleo público, “pasando de 40 a 33 en 2011”.

En materia de educación, Ana Sastre ha alarmado sobre el hecho de que el 75% de las consultas “dan lugar a conflictos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad”.

Una novedad que ha resaltado es que el CERMI ha atendido tres consultas internacionales en 2011, procedentes de Inglaterra, Argentina e Italia, así como que mantienen el mismo número de consultas con respecto al año anterior, pero con un aumento de consultas atendidas de hombres.

En esta línea, a nivel cualitativo, desde el CERMI se exponen una serie de recomendaciones para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que coinciden con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este sentido, reclama una protección por discapacidad y un certificado para todas las personas con discapacidad y, especialmente, para los que no cuentan con ello.

En relación a la Ley de Interrupción voluntaria del Embarazo, el CERMI pide la eliminación de plazos por discapacidad; al mismo tiempo que demanda aumentar los mecanismos de protección, implementándolos a todas las Comunidades Autónomas; y llama la atención sobre “una mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad”.

El CERMI, según ha recordado Ana Sastre, ya ha pedido al Gobierno en numerosas ocasiones la necesidad de campañas sobre concienciación acerca de la discapacidad, desde el punto de vista de los derechos humanos.

Inauguración de la jornada

Durante la inauguración de la jornada, el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé Favaró, se ha referido a la estrecha colaboración que mantiene con el CERMI y a iniciativas como la propuesta de Ley de Enjuiciamiento Civil, al amparo de la Convención de la ONU, como medida de protección de las personas con discapacidad.

En este sentido, ha aplaudido la mediación como “vía de solución de controversias” y se ha referido a ella como un instrumento para encuadrar la conciliación voluntaria o el arbitraje para ayudar a construir una justicia más ágil y moderna en nuestro país y la ha definido como “un acierto” para el tratamiento de las soluciones de los temas relacionados con la discapacidad.

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado la buena relación del sector de la discapacidad con los operadores jurídicos relevantes, así como los campos de actuación conjunta con el ámbito de notariado. En este sentido, ha hecho referencia a la importancia de “hacer realidad” el precepto que establece la Constitución, que es que los derechos de las personas con discapacidad  se traduzcan en la práctica.

En este sentido, ha resaltado el trabajo del CERMI en relación a la producción normativa, que consiste, según ha afirmado, en “hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad”. Sin embargo, ha reconocido que la producción normativa “no basta”, por lo que “en esa labor de acercar las leyes a la realidad diaria es necesaria la mediación para resolver conflictos y controversias”.

Asimismo, ha indicado que es “necesario” que la mediación contemple el sector de la discapacidad para que las personas con discapacidad y sus familias “puedan acceder a ella con normalidad cuando lo necesiten”.

El presidente del CERMI ha llamado la atención sobre el hecho de que son las propias personas con discapacidad las interesadas en la defensa de sus propios derechos. “Debemos salir de la idea de ayuda o pensión y debemos conseguir que las desventajas queden erradicadas y cuando los derechos se vean mermados, debemos ser eficaces para resolverlos por nosotros mismos”, ha señalado.

Por último, ha resaltado que “el marco de la Convención de la ONU nos ampara” y ha incidido en la importancia de promover e intensificar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La mediación como una herramienta “eficaz”

Por su parte, varios portavoces parlamentarios de Justicia de distintos partidos políticos y expertos en Derecho han apostado por la mediación como una herramienta “eficaz” para la resolución de conflictos de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que han señalado la importancia de que este grupo pueda acceder a ella en igualdad de condiciones.

Así lo ha expresado la portavoz adjunta de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, Beatriz Marta Escudero Berzal, durante la celebración de la mesa redonda ‘La nueva regulación de la mediación en España y su incidencia en la discapacidad’, en el marco de esta IV Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad.

La portavoz popular se ha referido a los principios que han inspirado la Ley de Mediación, que ha iniciado su tramitación al Congreso, y ha destacado la autonomía personal de los particulares, su carácter voluntario, su cláusula de confidencialidad y la figura del mediador como pieza “esencial” del modelo.

“La Ley supone un paso importante para solventar problemas, supone un ahorro económico y agiliza la justicia”, ha indicado, al mismo tiempo que, ha añadido, es “importante” que las personas con discapacidad sientan que pueden acceder a ella en igualdad de condiciones”.

Por su parte, la portavoz de Justicia del Grupo catalán CiU en el Congreso, Mercé Pigem, ha asegurado que el efecto principal de la mediación “no es la agilización, sino una apuesta por la madurez de la ciudadanía”. “Apostar por la madurez de las personas es apostar por la responsabilidad de la sociedad”, ha apuntado.

Mercé Pigem ha coincidido con la portavoz popular en las cualidades positivas de la Ley de Mediación, como la imparcialidad, confidencialidad y que el cumplimiento de los acuerdos es “más elevado y eficaz”. Además, ha incidido en la importancia de que las personas con discapacidad conozcan, antes de nada, sus derechos para poder llegar a acuerdos en el proceso de mediación.

Resolución de conflictos

La doctora por la UCM, Pilar Munuera; y la doctora en Derecho y coordinadora de la Fundación Derecho y Discapacidad, Gloria Álvarez, han ofrecido la ponencia ‘La mediación como vía de resolución de conflictos’, con el objetivo de analizar la efectividad, en este sentido, de esta herramienta para las personas con discapacidad.

Pilar Munuera ha destacado que la mediación “da el poder a la persona para llegar a acuerdos, obtener información y saber las consecuencias de sus actos”. Además, ha afirmado que “tiene muchas posibilidades en este ámbito como vía extrajudicial para la resolución de conflictos de las personas con discapacidad”.

Asimismo, se ha referido a la mediación como un sistema “más económico, más rápido y más eficaz”, a través de la que se da el poder a la persona, y los acuerdos se respetan, construyendo una relación futura y sin conflictos. “Hace posible que una persona con discapacidad pueda expresar lo que necesita en un contexto de diálogo”, ha concluido.

Por su parte, Gloria Álvarez, ha explicado la propuesta del CERMI para impulsar el proceso mediador y otras técnicas de resolución de conflictos como herramientas para las personas con discapacidad, para participar “en esta nueva forma de justicia”.

También ha señalado que desde el CERMI se apuesta por una accesibilidad “total” de proceso de mediación y por la creación de una red de mediadores a nivel nacional especializada en la LIONDAU.

“Se pretende que la persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos, tomar decisiones con autonomía, desarrollar habilidades para manejar situaciones conflictivas”, según Álvarez. Asimismo, ha apuntado que la mediación es una herramienta “eficaz” para promover la transversalidad de la discapacidad en la sociedad y proteger los derechos del colectivo.