"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
XII Congreso CERMIS Autonómicos
El CERMI destaca la necesidad de adaptarse a los “profundos cambios que están viviendo España y Europa”
07/11/2016
El CERMI afirmó este lunes que “la incidencia política del sector social de la discapacidad debe adaptarse a los nuevos modelos de hacer política que se han consolidado tras los profundos cambios que está viviendo España y Europa”. Así lo recoge la ‘Declaración de Logroño’ a la que la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino, dio lectura para clausurar la primera jornada del ‘XII Congreso de CERMIS Autonómicos’, que se celebró en Logroño, bajo el lema ‘Innovación social para la inclusión. Aportaciones desde la discapacidad territorial organizada’. El encuentro ha sido organizado por el CERMI Estatal y CERMI La Rioja, con la colaboración del Gobierno de La Rioja.
La lucha contra las diferentes formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad; la sostenibilidad económica del tejido asociativo de la discapacidad; exigir la plena aplicación de la convención de la ONU de los Derechos de las Personas con discapacidad; trabajar para evitar la brecha digital que sufren algunas personas con discapacidad por falta de accesibilidad, y escuchar a los menores con discapacidad, son algunos de los retos prioritarios para el CERMI.
La jornada también fue clausurada por Carmen Corral Miguel, directora general del Gobierno de La Rioja; Javier Muñoz, secretario de CERMI La Rioja, y Alberto Durán, secretario general del CERMI Estatal.
Género y discapacidad
A su juicio, las políticas públicas no suelen tener en cuenta a las mujeres con discapacidad, “tal y como ha denunciado la propia ONU, que ha criticado que no se introduce esta perspectiva en aspectos como la violencia de género o la empleabilidad”. Por ello, abogó por que se aplique una doble perspectiva de género y discapacidad en todos los ámbitos, “empezando por la formación de diferentes profesionales, como los médicos, policías o jueces”, que tienen que tratar muchas veces con mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia.
En esta línea, explicó que la mayor credibilidad la tienen las ONG, lo que contrasta con la escasa confianza que la población otorga a los españoles. De este modo, subrayó que “la tendencia se ha invertido”, y ya no se puede gestionar la comunicación desde la cúspide, sino que la ciudadanía cada vez se implica más. Por esta razón, Pilar Marqués insistió en que la comunicación es un elemento fundamental, por lo que cuando se lanza un mensaje hay que definir bien lo que se quiere transmitir y cuáles son los objetivos finales.
Por su parte, Alberto Durán dio un repaso a la Convención de la ONU en los territorios diez años después de su aprobación, “un asunto pendiente”. Recordó, por ejemplo, que en 2008 ya se indicó que 180 normas de ámbito estatal no cumplían la Convención.
Situados en el año 2016, Alberto Durán recomendó que “debemos actualizarlos en el tema de los derechos humanos, de forma especial en aquellos derechos que no se cumplen, teniendo muy en cuenta siempre que la invisibilidad cuando se hace pública, da lugar a un mejor enfoque para conseguir unos derechos que además por Ley se deben cumplir”. Además, avisó de que en 2017 Naciones Unidas evaluará el nivel de cumplimiento de la Convención por parte de España.
El Congreso acogió también una mesa denominada ‘Panel accesibilidad universal 2017 – Estrategias activas de contestación’, conducida por Teresa Palahí, comisionada de CERMIS Autonómicos, en la que se recordó que en 2003 se aprobó una normativa que obligaba a que en 2017 fueran absolutamente accesibles todos los bienes y servicios de interés.
Ante la evidencia de que esa normativa no se va a cumplir, una serie de CERMIS Autonómicos explicaron casos en los que han luchado para conseguir avances en materia de accesibilidad universal: CERMI Comunidad de Madrid, sobre el metro; La Rioja, con experiencias en el plano municipal, con el tema de taxis adaptados y en la web municipal, y en el plano autonómico, con la petición insistente de que el Consejo Regional cuente con la voz del CERMI autonómico; Canarias, donde se encuentran con muchas leyes y una situación obsoleta con referencia a ellas; de Asturias, con la lucha por que las personas con discapacidad puedan acceder con normalidad a sus domicilios, y Navarra, que pide mayores avances en accesibilidad.
