Una de las quejas más habituales entre las personas con discapacidad en sus relaciones con las Administraciones Públicas es precisamente la falta de agilidad en los procedimientos de valoración y concesión en su caso del grado de discapacidad, reconocimiento oficial necesario para acceder a los apoyos, prestaciones, ayudas y beneficios disponibles para las personas con discapacidad.

 

La valoración del grado de discapacidad es competencia de las Comunidades Autónomas, salvo en Ceuta y Melilla, en las que la atribución es del Imserso, y la tónica general es la de la lentitud y falta de agilidad de estos procedimientos administrativos, que causan contrariedad y malestar en las personas con discapacidad que solicitan el reconocimiento por vez primera o la revisión del ya asignado.

 

Con esta indagación, en la que colaborarán las plataformas territoriales de la discapacidad aportando información del estado de la cuestión en cada Comunidad y Ciudad Autónoma, el CERMI pretende armar un informe de situación que entregará al Imserso, como autoridad central en la materia, en el que queden acreditadas las anomalías y disfunciones del proceso y un repertorio de medidas de mejora de la valoración de la discapacidad.