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El CERMI elabora el primer estudio integral sobre la discapacidad en la Política Española de Cooperación para el Desarrollo

01/05/2012

Un estudio realizado por el CERMI, y promovido y financiado por la AECID, evidencia que la falta de datos, marcadores específicos sobre discapacidad, e indicadores para medir el impacto de la AOD destinada a este sector, dificulta la planificación e impide una evaluación precisa de la calidad de la ayuda.

Las personas con discapacidad son prácticamente invisibles en los PACI, los MAP, las estrategias sectoriales, y demás documentos de planificación y desarrollo de las políticas.

Más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población), viven con alguna forma de discapacidad, según las últimas estimaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011). De esta cifra, un porcentaje desproporcionado, 80%, vive en países pobres (PNUD). Se estima que representan “del 15 al 20% de los más pobres en países en desarrollo, encontrándose entre los grupos más vulnerables y que sufren mayor discriminación y vulnerabilidad” (ELWAN, 1999).

El 1 de agosto del 2011, se modificó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, introduciendo cambios sustanciales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte de España tras la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) vigente desde mayo de 2008. La Ley establece entre las prioridades sectoriales “la protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” y se especifica que los “instrumentos de la cooperación para el desarrollo deberán ser inclusivos y accesibles para las mismas”.

Estos cambios legislativos, así como, el contexto actual de fuerte crisis económica, y las recomendaciones emanadas de Busán y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OECD, hacen necesaria una evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) actual para racionalizar y ajustar la gestión, teniendo un mayor impacto en el desarrollo, concentrándose en menos países y en los sectores más pobres ⁽¹⁾ , como es el caso de las personas con discapacidad.

Estudio del CERMI

Así, lo muestra el estudio realizado por el CERMI y promovido y financiado por la AECID, que evidencia que, la falta de datos, marcadores específicos sobre discapacidad, e indicadores para medir el impacto de la AOD destinada a este sector, dificulta la planificación e impide una evaluación precisa de la calidad de la ayuda. Las personas con discapacidad son prácticamente invisibles en los PACI, los MAP, las estrategias sectoriales, y demás documentos de planificación y desarrollo de las políticas.

Resulta imposible estimar la ayuda que llega a las personas con discapacidad a través de fondos multilaterales. Se estima que la cooperación española dedica un 0,76% de sus fondos bilaterales a programas sobre discapacidad, y que, estos fondos se reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente. La AOD bilateral sobre discapacidad se ha orientado prioritariamente a América Latina y África, así como, a Oriente Medio. Destaca la existencia de múltiples donaciones de volumen insignificante a diferentes países y sectores, siendo cuestionable el impacto real que dichas acciones pueden tener en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Convención de la ONU sobre Discapacidad

En ocasiones, no se cumplen los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se emplea en la acción internacional estándares diferentes y de menor rango que los que se siguen en la política española sobre discapacidad. Además, muchos proyectos desarrollados siguen un enfoque médico- rehabilitador y asistencialista y no un enfoque basado en los derechos humanos.

Los ejemplos más frecuentes de malas prácticas se refieren a la falta de inclusión de las personas con discapacidad, así como el principio de accesibilidad universal, en los proyectos de cooperación internacional. Se continúan financiando escuelas, edificios y transporte público, infraestructuras de comunicación, reconstrucción de ciudades tras conflictos y catástrofes naturales, programas de empleo y servicios de salud, por citar algunos, que no están diseñados de manera accesible e inclusiva. Estas acciones acarrean un coste muy alto por la pérdida de oportunidad que supone no haber actuado y haber creado nuevas barreras que se traduce en gasto social.

Un problema esencial es que se encuentra una falta de horizontalización de la discapacidad en las acciones emprendidas de forma que sean sostenibles. Si bien existen proyectos específicos para personas con discapacidad, son muy pocos los proyectos destinados a la población general que incluyan a la población con discapacidad y la accesibilidad universal como criterios fundamentales.

Acciones formativas

Los actores (profesionales de la AECID, Oficinas Técnicas de Cooperación, ONGD, y Universidades) desconocen el cambio en la Ley de Cooperación Internacional en lo que se refiere a la inclusión de la discapacidad. En general estiman necesario llevar a cabo acciones informativas y de toma de conciencia incluyendo este aspecto en las mesas de diálogo desarrolladas en la sede de la AECID, impartiendo formación específica para planificar intervenciones con este enfoque de derechos humanos, y realizando estudios preliminares sobre la situación en cada país. Así como, “transversalizando” acciones en pro de empoderar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

De la investigación, llevada a cabo por la experta Beatriz Martínez Ríos, se desprenden como prioritarias las siguientes acciones:

1. La inclusión de la discapacidad como una prioridad sectorial y horizontal en el próximo Plan Director desde un enfoque basado en los derechos humanos, en todas las áreas de la cooperación, así como en la acción humanitaria.
2. La elaboración participativa por parte de los diferentes actores, y liderada por el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias, de una estrategia sobre la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en la cooperación para el desarrollo para su difusión, así como la formación de los diferentes actores involucrados.
3. La creación de un punto focal sobre discapacidad para el fortalecimiento de la acción sectorial y horizontal de las políticas de cooperación.

Tal y como dice la Convención citada, es fundamental tener en cuenta que la cooperación para el desarrollo constituye una herramienta esencial para luchar contra la pobreza de las personas con discapacidad, que se encuentran desproporcionadamente representadas en los países pobres, así como especialmente discriminadas e invisibilizadas en la agenda política de dichos países.

 

⁽¹⁾  Comité de Ayuda al Desarrollo (OECD) PEER REVIEW 2011 España (P.12)