Las universidades públicas, como cualquier otra instancia o estructura integrada en la Administración, tienen la obligación de que el 2% de sus efectivos totales sean personas con discapacidad, para lo cual deberán reservar un 7% de plazas en las convocatorias de acceso al empleo público que realicen.

 

Así lo ha recordado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en las jornadas de secretarios generales de las universidades españolas organizadas por la Universidad de Sevilla y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la pasada semana en Sevilla.

 

Dadas las particularidades de los procesos selectivos en las universidades, estas previsiones de reserva encuentran grandes dificultades para su cumplimiento, sobre todo, entre el personal docente e investigador, por lo que se hace necesario el establecimiento de medidas de acción positiva por parte de cada universidad que hagan realidad estos mandatos de inclusión laboral.

 

A tal fin, el CERMI ha propuesto a todas las universidades públicas que se doten de un reglamento interno que disponga medidas de acción positiva que aseguren el cumplimiento de la cuota entre el personal docente e investigador, y que establezca los apoyos, recursos y ajustes precisos que tendrían a su disposición para el buen desempeño de sus funciones y tareas.

 

En esta línea, han avanzado universidades como la de Oviedo y la Rey Juan Carlos de Madrid, adoptando reglamentos propios en esta materia, pero la inmensa mayoría aún están lejos de ser activas en la garantía de la inclusión laboral.