"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Inclusión Laboral
El CERMI emplaza a usar las herramientas que proporciona la nueva Ley de Contratos del Sector Público para extender la inclusión social
16/04/2018
El CERMI ha destacado este lunes la importancia de que se utilicen las herramientas que proporciona la nueva Ley de Contratos del Sector Público, puesto que la sociedad civil no es un “sujeto pasivo, sino que estamos llamados a la acción, como tantas veces”. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en la jornada ‘Nueva Ley de Contratos del Sector Público: una oportunidad para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y garantizar la atención especializada’, organizada por Plena Inclusión Madrid.
Por ello, Pérez Bueno ha justificado la necesidad de que exista un enfoque social en la contratación pública, ya que las entidades sin ánimo de lucro conocen de cerca la realidad de las personas para las que trabajan, atendiendo “las demandas crecientes, las necesidades no cubiertas y las carencias de las diferentes administraciones”.
Entre los puntos más relevantes de la nueva ley, el responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España ha subrayado que sin regularse de manera específica, el texto legal permite expresamente que el Tercer Sector de Acción Social pueda entrar en relación de provisión de bienes y servicios con las administraciones públicas fuera del marco de la contratación, mediante la figura del ‘concierto social’. “Las comunidades autónomas tienen expedita esta senda para regular la acción concertada en su ordenamiento de servicios sociales”, ha aseverado.
Asimismo, los avances en la nueva ley se reflejan en la reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidad, que puede llegar hasta un 10 % del total de volumen de contratación; la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva; la no admisión como licitantes de empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2 % en favor de trabajadores con discapacidad, y en que se puedan solicitar informes a las entidades sociales a la hora de llevar a cabo una contratación pública vía concurso.
Por todo ello, el presidente del CERMI ha hecho un llamamiento al tejido asociativo de la discapacidad para que se utilicen las herramientas que brinda la nueva Ley de Contratos del Sector Público, “un avance que es producto de la actividad previa y sostenida de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada, de la discapacidad en este caso, que ha desplegado una tarea activa de propuesta, presión e incidencia. Somos, podemos ser, motores de políticas públicas, de legislaciones favorables. Poseemos poder de cambio, de inducir o producir transformación social”, ha remarcado.
