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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

sábado, 17 de noviembre de 2012cermi.es semanal Nº 55

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

El CERMI expone a la Defensora del Pueblo el gravísimo deterioro de los derechos de contenido económico de las personas con discapacidad

14/11/2012

Una representación del CERMI ha expuesto a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el gravísimo deterioro que están sufriendo los derechos de contenido económico de las personas con discapacidad y sus familias como consecuencia de los recortes y ajustes presupuestarios que vienen aplicando las distintas Administraciones públicas.

En el encuentro, mantenido para hacer entrega a la titular de la Defensoría del Pueblo del informe elaborado por el CERMI sobre derechos humanos y discapacidad, correspondiente al año 2011, la plataforma representativa de la discapacidad organizada ha hecho hincapié en la devastación que están experimentando las estructuras de protección económica y promoción social de las personas con discapacidad en España, siempre insuficientes y precarias, y que la crisis y las políticas de recortes está reduciendo a mínimos históricos.

El CERMI ha pedido a la Defensora del Pueblo que esta Institución de defensa de los derechos fundamentales de todos los españoles investigue y vigile especialmente estas situaciones generalizadas de desprotección de las personas con discapacidad y que proponga a las Cortes Generales, en cumplimiento de su misión constitucional, medidas para evitarlas o para atenuar sus efectos más indeseables.

Además de las cuestiones ligadas al debilitamiento de la protección económica, el CERMI ha señalado a Soledad Becerril los aspectos  que según el informe de derechos humanos del CERMI de 2011 son más claramente contrarios a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la privación del derecho de sufragio, el no reconocimiento de plena igualdad jurídica, la ausencia de mecanismos que garanticen la educación inclusiva, la precariedad de los derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas o la violencia y abusos contra las mujeres y niñas con discapacidad.

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