A un año casi de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio de Hacienda, debe adoptar una serie de acuerdos con pautas para el despliegue y aplicación de las cláusulas sociales, incluidas las de discapacidad y accesibilidad, contenidas en la nueva legislación de contratos, para que resulten efectivas y operativas en el ámbito de la Administración General del Estado.

 

Estos acuerdos de desarrollo, que el CERMI espera que sean materializados antes de las elecciones generales del 28 de abril, permitirán por ejemplo definir el porcentaje exacto de reserva de contratos en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social, que como mínimo será del 7% pudiendo llegar al 10%.

 

Además, el futuro acuerdo gubernamental debe fijar el procedimiento para acreditar el cumplimiento por parte de las empresas licitadoras de la reserva del 2% para trabajadores con discapacidad, que constituye condición para ser adjudicatarios de contratos públicos.