Así lo ha manifestado la plataforma de la discapacidad en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que explica que “las personas con discapacidad parten de una situación de salud y social que las expone más intensamente a los efectos adversos de la enfermedad”. En este sentido, abogan por que cuenten con una “posición de protección preferente”.

 

Tal y como asegura el CERMI en este escrito, de los 4 millones de personas con discapacidad que hay en España, según fuentes estadísticas oficiales (INE, 2008), 2,5 millones superan los 65 años. En este sentido, se congratula de que estas personas ya hayan entrado en los criterios de vacunación por edad y que otras ya estén vacunadas o en proceso, por estar institucionalizadas o por poseer, permaneciendo en su domicilio, el grado III de dependencia.

 

Sin embargo, la plataforma reivindica la necesidad de hacer hincapié en el grupo de personas con discapacidad que aún no están vacunadas por criterio de edad. Por ello, defienden que “su situación de discapacidad debe ser considerada” puesto que supone “una desventaja acusada en términos de salud y sociales que los poderes públicos, y los sanitarios, deben atender y responder con decisiones para ajustarse a la realidad de partida”.

 

De esta manera, según el CERMI, “se repararía así una omisión dolorosa que genera malestar y desafección en miles de personas y de familias” puesto que han sido las que “más devastadoramente han sufrido el impacto de la pandemia”, sobre todo en la primera ola, tanto en pérdida de vidas como en secuelas una vez contagiadas.

 

Por todo ello, desde el CERMI demandan que se adopte la resolución de que todas las personas con un grado de discapacidad superior al 33% sean “incorporadas con la máxima urgencia a esta estrategia”.