La normativa vigente deja a decisión de las Corporaciones Locales la instalación de carriles-bici en las aceras de las vías urbanas, facultad que muchos ayuntamientos han usado para permitir estos circuitos, desoyendo las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad y mayores, que han venido reclamando una regulación que priorice a los peatones más vulnerables, sin perjudicar la movilidad sostenible, que en todo caso ha de tener garantizado su desarrollo mediante carriles-bici en las calzadas, sin necesidad de ocupar las aceras.

 

En la reforma del Reglamento General de Circulación que el Gobierno tendría que haber aprobado y que finalmente no se ha materializado, por la renuncia de Interior a llevarla a efecto, tras largos y tortuosos meses de tramitación, debería haber aparecido en normativa estatal la prohibición de usar las aceras como vías habilitadas para la instalación de los carriles-bici, sin posibilidad de decisión municipal.

 

El movimiento de la discapacidad espera del nuevo Gobierno un compromiso real con los derechos preferenciales de los peatones más vulnerables que se traduzca en una regulación que sin menoscabar la movilidad sostenible garantice la libertad y la seguridad de los desplazamientos de las personas con discapacidad y mayores.