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El CERMI plantea al Gobierno que cualquier modificación de la regulación del aborto suprima la discriminación por discapacidad
26/01/2012
El CERMI ha planteado al Gobierno a través de ministerio de Justicia que la modificación anunciada de la regulación legal actual de la interrupción voluntaria del embarazo pase por la eliminación de cualquier trato desigual por razón de discapacidad. Mantener, como hace la legislación actual, respuestas distintas a las generales en consideración exclusiva a la posible discapacidad del feto es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratifica por España, y plenamente vigente en nuestro país.
Este criterio ha sido claramente establecido por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, que tras el examen realizado a España el pasado mes de septiembre, dirigió al Estado español, como parte de la Convención, la recomendación expresa de que se supriman los aspectos de la regulación nacional sobre el aborto que signifiquen un trato desigual por razón de discapacidad.
La literalidad de esta observación de la ONU es la siguiente: “18. El Comité recomienda que el Estado parte derogue la distinción, que se basa únicamente en la discapacidad, que contempla la Ley 2/2010 en relación con el periodo durante el cual se puede interrumpir legalmente el embarazo.”
La legislación actual sobre la materia, tanto la de 2010 como la original de 1985, incurren a juicio de Naciones Unidas en discriminación por motivos de discapacidad, por lo que son contrarias a la legalidad internacional vigente en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad y han de ser corregidas.