Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en una carta enviada a la DGT, acompañada de un informe en el que se analiza desde un punto de vista jurídico la situación creada por una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en materia de tráfico, que revela un vacío legal que puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados.

 

En concreto, la sentencia se refiere a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa, por el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad sin título habilitante en el estacionamiento de un centro comercial. Esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública.

 

Para acabar con esta laguna legal, el CERMI pide a la DGT que se inicien los trabajos técnicos de análisis de esta situación problemática y se elabore consecuentemente una propuesta normativa para que pueda ser aprobada por el próximo Gobierno, para lo que realiza una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual, encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública.