Inclusión educativa
El CERMI pide a la Defensora del Pueblo que recurra la LOMCE ante el Tribunal Constitucional por no garantizar una educación inclusiva
28/01/2014
El CERMI ha pedido a la Defensora del Pueblo que su institución plantee recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reciente ley orgánica de mejora de calidad educativa (LOMCE), por no garantizar la educación inclusiva con apoyos del alumnado con discapacidad, a que obliga la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que España es parte.
En un escrito presentado ante la institución que preside Soledad Becerril, el CERMI expone los argumentos jurídico-constitucionales que a su juicio fundamentan la necesidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad, ya que la LOMCE no ha dado cumplimiento al bloque de constitucionalidad que se deriva de la ratificación por España de la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A pesar de las demandas del movimiento social de la discapacidad a lo largo de la tramitación de la iniciativa normativa, la ley finalmente aprobada por el Parlamento entra en conflicto claro con los mandatos de educación inclusiva contenidos en el tratado de derechos humanos de la discapacidad de Naciones Unidas.
Segregación y libertad de elección
En concreto, la LOMCE no ha terminado con la segregación educativa por razón de discapacidad que se mantiene en nuestro ordenamiento jurídico, que supone la existencia de unas estructuras de educación especial, distintas a las generales del sistema educativo, en las que se obliga a escolarizar a un parte del alumnado con discapacidad. Esta segregación educativa por motivos de discapacidad es discriminatoria y contraria a las obligaciones internacionales asumidas por España.
La LOMCE tampoco ha suprimido la potestad que la legislación vigente concede a las administraciones educativas que son las que en última instancia deciden sobre la modalidad de escolarización, ordinaria o especial, del alumnado con discapacidad, lo que contraviene la libertad de elección que la Convención de la ONU garantiza a toda persona con discapacidad.
El CERMI espera que la Defensora del Pueblo haga suyas estas consideraciones del CERMI y plantee recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE por no garantizar el derecho a una educación inclusiva.