Esta demanda ha sido planteada en una misiva que el CERMI ha remitido este viernes al titular de la cartera de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, después de que el ministro haya aceptado la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que los ayuntamientos con superávit pudieran hacer uso de estos fondos para el impulso de operaciones financieramente sostenibles. Montoro anunció entonces que el Ejecutivo abordaría esta cuestión en un real decreto-ley.

 

Además de permitir el gasto en infraestructuras educativas, sociales y culturales; equipamientos deportivos; gestión de residuos; seguridad; protección social, o equipamiento urbano, el CERMI reclama que el Gobierno incluya en la futura norma con rango de ley el apartado de accesibilidad universal.

 

De este modo, se permitirá a muchas entidades locales, que tienen un papel fundamental en la promoción de entornos accesibles, dotar de inversión suficiente a proyectos que garanticen la accesibilidad de vías urbanas, edificios e instalaciones públicas o infraestructuras de transporte.

 

La plataforma representativa de la discapacidad en España recuerda que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles. Lamentablemente, este mandato legal está lejos de verse cumplido, por lo que es necesario prever nuevas posibilidades de inversión, en este caso, en la esfera local, a fin de alcanzar ese objetivo irrenunciable.

 

En opinión del CERMI, con esta referencia visible a la accesibilidad en el futuro real decreto-ley, se dispondría de nuevas herramientas financieras para seguir avanzando en este bien social, esencial para las personas con discapacidad y su participación plena en comunidad.