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viernes, 12 de julio de 2013cermi.es semanal Nº 87

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

El CERMI pide que la LOMCE potencie un sistema educativo inclusivo

10/07/2013

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido que se aproveche la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) para potenciar un sistema educativo plenamente inclusivo para las personas con discapacidad. Pérez Bueno compareció en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y reclamó un enfoque de "inclusión real y efectiva" en la reforma educativa.

Luis Cayo Pérez Bueno (al fondo, a la izquierda), durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los DiputadosUn sistema educativo que permita liberar el potencial que atesoramos las personas con discapacidad y que se mantiene retenido por obstáculos y barreras de un entorno hostil y reticente, que no termina de admitirnos y que sepa gestionar la diversidad y diferencia que encierran las personas con discapacidad y sus familias", pidió Pérez Bueno este miércoles en una comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
 
Se trata del cuarto día de comparecencias de expertos para hablar sobre la LOMCE y en la que Pérez Bueno reclamó que la reforma educativa tenga en cuenta a la discapacidad desde un enfoque de "inclusión real y efectiva". "No se puede desaprovechar que la discapacidad adquiera la dimensión que debe tener en el sistema educativo", insistió.
 
Pérez Bueno señaló que en el nuevo paradigma de la educación inclusiva no cabe la educación especial y estas estructuras han de emigrar hacia la inclusión para todo el alumnado. Así, indicó más de un 20% del alumnado en España se encuentra en educación especial, lo cual, "desde la visión internacional, no podría continuar así y habría que tomar una decisión al respecto".
 
Para él, el objetivo es que el 100% del alumnado esté en la misma escuela o centro educativo. "Todos iguales y accesibles", apostilló.
 
Recordó que, según la Ley Orgánica de Educación (LOE), la decisión de la modalidad educativa es de la administración educativa, que se impone a la de representante legal y contraviene a la convención de la ONU que exige una libertad de elección.
 
Por ello, propuso en forma de enmienda a los grupos parlamentarios establecer un horizonte en 2020 para que todas las estructuras educativas sean inclusivas y se establezca el respeto a la libertad de elección y a las preferencias de los representantes legales del alumno.
 

Las rigideces del sistema no favorecen

 
"El alumno con discapacidad necesita flexibilidad del sistema y las rigideces del sistema educativo no favorecen la evolución del alumno", avisó.
 
De hecho, se manifestó preocupado por la configuración de las evaluaciones y pruebas externas que se incluyen al final de cada fase educativa en la LOMCE que, según añadió, para la discapacidad son asumibles, siempre y cuando esos evaluadores externos tengan experiencia y conocimiento sobre la realidad del alumnado con discapacidad. "Si no puede tener efectos no deseables para la progresión del alumnado", subrayó.
 
Otra cuestión, a su juicio "capital", se refiere a la garantía de accesibilidad universal de todas las TIC y soportes informáticos de nuevas tecnologías que se imponen como medio de acceder a contenidos educativos. Con ello, pidió también que cualquier tecnología que se ponga a disposición del alumno sea accesible.
 
Por todo ello, recordó que un 10% de la población en España tiene discapacidad, lo que equivale a cerca de cuatro millones de personas.
 
Además, puntualizó que el alumnado con discapacidad era de 141.426 alumnos en el curso 2010-11, de los 31.043 se encontraban en régimen de educación especial, otros 101.000 en centros públicos y poco más de 17.000 en centros privados.
 
"La inclusión del alumnado con discapacidad significa que no es admisible la segregación por discapacidad. La inclusión es un mandato ético y social y atendiendo a que se trata de una nueva ley debe ser un imperativo jurídico de derechos humanos", recalcó.
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