Así lo plantea la plataforma representativa de la discapacidad en España en un documento de propuestas con motivo de la fase de consulta pública de este anteproyecto de ley que, a juicio de la entidad, debe ser “un motor normativo para promover la transformación de los entornos urbanos por medio de la ordenación, actuación e intervención en el bien básico de la vivienda, en espacios inclusivos, accesibles, confortables, seguros y participativos para las personas con discapacidad y sus familias”.

 

Además, reclama que sea “coherente” con los mandatos de derechos humanos recogidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Para garantizar la accesibilidad universal de los edificios de vivienda, el CERMI plantea que la futura legislación incorpore la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste. “La accesibilidad universal es una obligación de la comunidad, y así debe plasmarse en el texto, y no debe conocer ninguna excepción, reducción o rebaja, en atención a la cuantía de la actuación”, añade.

 

Asimismo, solicita que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, para que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad puedan conocer de antemano esta información tan relevante y facilitar su decisión de compra o arrendamiento. En su opinión, esta medida contribuiría a incrementar el valor añadido de los inmuebles y la conciencia de los propietarios de favorecer la accesibilidad de sus viviendas.

 

Otra de las medidas propuestas por el CERMI es la creación de un fondo estatal de promoción de accesibilidad Universal, adscrito y dependiente de la Administración General del Estado, nutrido con el 1,5% de los presupuestos que el Estado dedica a transportes, movilidad, infraestructuras y agenda urbana, así como transformación digital y telecomunicaciones, a financiar iniciativas de accesibilidad universal, de modo similar al 1,5% cultural (ya regulado), destinado a la protección y valorización del patrimonio artístico y cultural español.

 

 

Por otra parte, el CERMI defiende que la futura Ley del Derecho a la Vivienda contribuya a promover soluciones habitacionales que permitan la vida en comunidad de las personas con discapacidad, de modo que no se vean forzadas, por falta de alternativas, a residir en centros institucionalizados.

 

Así, insta a que se fomenten fórmulas de vivienda colaborativa, “entendidas como solución habitacional promovidas y participadas por las propias personas o grupos, que generen entornos y vida en común compartidos, cooperativos, sostenibles e inclusivos”.

 

Por último, el CERMI reclama que, en el principio de asequibilidad, se tenga en cuenta a las personas con discapacidad puesto que, en líneas generales, “ingresan menos y soportan más gastos por razón de discapacidad, lo que las coloca en situación de dificultad objetiva para ejercer su autonomía personal y su derecho a llevar una vida independiente”.

 

“Nadie, por razón de discapacidad, debe quedar excluido de una vivienda digna y adecuada, como ordena la Constitución Española”, lo que, según explica el CERMI, “comprende la accesibilidad, la asequibilidad y la usabilidad de todos los entornos habitacionales”.