Mujer

Jornada de trabajo del 016, teléfono de atención a las mujeres víctimas de malos tratos

El CERMI pide la garantía del acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a los Servicios Telefónicos de Atención a Víctimas

04/04/2013

El CERMI pide medidas pertinentes para asegurar el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad, en igualdad de condiciones con sus iguales sin discapacidad, a los Servicios Telefónicos de Atención a Víctimas, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, a los que pudieran estar orientadas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Así lo indicó la comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, durante su intervención sobre los nuevos retos de la gestión de servicios telefónicos de atención a víctimas, en el marco de la jornada de trabajo sobre los servicios telefónicos de información y asesoramiento en materia de violencia de género, organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Estas medidas, en su opinión, "deben incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, contando para ello con la participación de las propias mujeres y niñas con discapacidad en todas las fases del proceso" y se deberán aplicar "a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia".
  
Por ello, agregó la comisionada de Género del CERMI, se deberán "desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad del Servicio Telefónico de Atención a Víctimas", además de "asegurar que las entidades privadas que concursen ante la Administración Pública para ser adjudicatarias de este servicio telefónico cumplan todos los aspectos de su accesibilidad para las víctimas con discapacidad".
  
Asimismo, consideró prioritario "ofrecer formación a todas las personas involucradas en la atención telefónica del servicio sobre las especificidades de la violencia en la discapacidad y sus posibles necesidades de acceso a la información y a la comunicación, entre otras barreras de accesibilidad".

También manifestó que habría que dotar al Servicio de Atención Telefónica a Víctimas de los recursos complementarios para dar respuesta a las diversas necesidades de acceso a la información y comunicación de todas las usuarias potenciales con discapacidad (teléfonos de texto y vídeo llamada para la comunicación mediante la lengua de signos, lectura fácil, comunicación aumentativa, etc.) y ofrecer formas de asistencia e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de signos e guías-intérpretes para personas sordo-ciegas, para facilitar el acceso a la información y comunicación del servicio telefónico.

Peláez llamó la atención sobre la promoción de otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las víctimas con discapacidad para asegurar su acceso a la información, tales como la incorporación de personas expertas sobre estas cuestiones en las plantillas del servicio telefónico.

Por último, instó a que se garantice "la accesibilidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, como Internet y las redes sociales".

Además de la accesibilidad, Ana Peláez apuntó también a la formación, a la difusión del servicio y a la atención adecuada a las víctimas, como otros retos de la gestión de Servicios Telefónicos de Atención a las víctimas con discapacidad.

Violencia en las mujeres y niñas con discapacidad

Según la III Macroencuesta sobre Violencia (2006), el 8.1% de las mujeres con discapacidad declaran haber sido víctimas de malos tratos durante el último año. Este porcentaje es más elevado que el obtenido entre las mujeres sin discapacidad (3.4%).  Además, el 13.0% de ellas son consideradas “técnicamente” como maltratadas, frente al 9.4% de las que no tienen discapacidad.

La violencia en mujeres y niñas con discapacidad, según denunció Ana Peláez, se caracteriza por ser una realidad invisible, que se da, con mayor frecuencia, en entornos cerrados y segregados. Además, existe una ausencia de conciencia de la víctima y una dependencia vital del agresor, así como un conflicto de intereses ante la falta de recursos, indicó. Y, por otra parte, predomina, continuó, la imposibilidad de denuncia como consecuencia de una incapacitación legal, al mismo tiempo que llamó la atención sobre la esterilización forzada y el aborto coercitivo como “formas de violencia”.

En esta línea, Peláez señaló que estas situaciones de violencia se manifiestan en la dificultad o imposibilidad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente como consecuencia de barreras físicas, tecnológicas o de la comunicación. También en mayores dificultades para expresar los malos tratos, como consecuencia de la propia discapacidad, y en el miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provisión de cuidados.

Según manifestó, hay una ausencia de consideración y atención adecuada por parte de los servicios sociales de la violencia y la discapacidad, así como de protocolos en entornos que favorecen la violencia (familias desestructuradas, instituciones, residencias, hospitales y escuelas o centros educativos).

En este sentido, señaló también un enfrentamiento entre los papeles tradicionales asignados a la condición de mujer y la negación de estos mismos en la mujer con discapacidad, y una menor credibilidad a la hora de recibir o tramitar las denuncias procedentes de las mujeres y niñas con discapacidad.