En sus propuestas al borrador de documento del Consejo de Europa sobre el proyecto de directrices para la participación ciudadana en las decisiones políticas, el CERMI saluda la iniciativa ya que resulta muy procedente para reforzar la participación directa de los ciudadanos en la vida política.

 

A estos efectos, hay que recordar que la Constitución española en su artículo 23 reconoce a los ciudadanos el “derecho a participar en los asuntos públicos, directamente”, como derecho diferente a la representación política.

 

Es indudable que este derecho no ha sido convenientemente desarrollado en todas sus potencialidades, por lo menos en nuestro país, señala el CERMI. La iniciativa por consiguiente resulta más que pertinente para evitar el alejamiento de los ciudadanos en relación a las decisiones políticas. En cualquier caso, ha de ser vista como complementaria de la representación a través de los partidos políticos.

 

En sus aportaciones, el CERMI también indica que la definición de “entorno propicio” de las ONG, debe incluir, además de los derechos fundamentales a la libertad de asociación, la libertad de reunión y libertad de expresión, aquellos apoyos públicos (reglamentarios, fiscales etc.) que resulten adecuados para garantizar que las ONG puedan desarrollar su labor de servir de cauce a la participación de las personas. No se propugna incrementar su dependencia económica del sector público, sino ayudarlas a que, progresivamente, puedan ser autosuficientes.

 

En cuanto a los principios que deberían incluirse uno esencial es el de la transparencia y buen gobierno, obligación que debe afectar, por otra parte, tanto al sector público como en el interior de las ONG.

 

Si se quiere contribuir a que las personas participen directamente en la toma de decisiones políticas, resulta imprescindible que simultáneamente se refuercen los mecanismos de transparencia a todos los niveles de las Administraciones Públicas. Resulta difícil pensar que los ciudadanos se encontrarían estimulados a participar sino cuentan con toda la información pertinente para ofrecer un juicio fundado.

 

En cuanto a la participación, la plataforma de la discapacidad propone que se mencione que existan las garantías necesarias para que el hecho de participar en la toma de decisiones no les pueda suponer a las personas riesgo alguno de represalias o perjuicios por la libre expresión del contenido de sus opiniones, dentro del marco legal. Y también dejar más claro que los medios de participación (sean espacios web o presenciales) reúnan los requisitos de accesibilidad universal para garantizar que las personas con discapacidad o cualquier otra persona puedan ejercitar de forma efectiva sus derechos a la participación.