Así lo recoge el documento de propuestas elaborado por el CERMI Estatal ante la consulta pública previa para la elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de mutuas que está elaborando el Gobierno. A juicio de la plataforma representativa de la discapacidad en España, dicho Reglamento debería abordar el desarrollo del artículo 96.1.b del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que el 10% del excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales debe ser destinado por parte de las mutuas a la Reserva de Asistencia Social.

 

Ante la aparición de una discapacidad en un trabajador en activo, el objetivo prioritario debería ser la permanencia del trabajador con discapacidad sobrevenida en el empleo, su mantenimiento en activo, para lo cual las mutuas, en su nueva configuración, tendrían que incorporar a sus carteras de servicios funciones de apoyo a los trabajadores con discapacidad sobrevenida, cualquiera que sea el origen de esta, proporcionándoles apoyo, asistencia y acompañamiento para su reorientación profesional acorde con su nueva situación de discapacidad.

 

Entre estas nuevas tareas de las mutuas, en opinión del CERMI, se deberían incluir también las de servir de instancias especializadas asesoras a las empresas para la adaptación, acondicionamiento del puesto de trabajo y del entorno laboral a la nueva situación de los trabajadores con discapacidad sobrevenida y la realización de los ajustes razonables precisos para su mantenimiento en el empleo.

 

“Esas importantes labores, que las mutuas, por su cercanía con las empresas, realizarían con eficacia, podrían concertarse con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias”, concluye el documento del CERMI.