En su propuesta, el CERMI aboga por que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad plantee esta dimensión social del Fondo al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y se lleve a la práctica durante los próximos ejercicios.

 

El Fondo para la compra de créditos de carbono, adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, se creó con la aprobación en 2011 de la Ley de Economía Sostenible, con el fin de generar actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España.

 

La ley establecía que el Fondo se destinaría de manera preferente a proyectos de eficiencia energética, energías renovables y gestión de residuos y aquellos que representen un elevado componente de transferencia de tecnología en el país donde se lleven a cabo. Ahora, el CERMI reclama que se puedan hacer inversiones sostenibles en proyectos sociales liderados o promovidos por entidades no lucrativas, en favor de grupos sociales vulnerables y personas con discapacidad.

 

En concreto, la plataforma representativa de la discapacidad en España apunta a proyectos que tengan por objeto el impulso de la plena inclusión de las personas con discapacidad en el entorno rural; iniciativas medioambientales con repercusión social; arraigo en el territorio; lucha contra la despoblación; la apuesta por la igualdad de oportunidades para las mujeres en el entorno rural; el envejecimiento activo y la promoción del emprendimiento entre los jóvenes. 

 

En esta línea, la entidad incide en que las organizaciones beneficiarias de estos fondos deben garantizar la creación de empleo para personas en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad, así como unas condiciones laborales dignas.

 

Además, a juicio del CERMI, no es imprescindible realizar modificación normativa alguna, sino que únicamente se trataría de reconfigurar la estrategia y los planes de actuación del Fondo para la compra de créditos de carbono, con objeto de acoger y dar soporte a estas iniciativas. Asimismo, la gestión de estos proyectos se debe desarrollar por parte de las organizaciones sociales no lucrativas presentes o que actúen en el medio rural o promuevan el respeto al entorno natural y la sostenibilidad ambiental, constituyéndose en entidades colaboradoras de las Administraciones Públicas titulares de las competencias.

 

El CERMI espera que se pueda llevar adelante esta demanda del sector de la discapacidad, que beneficiaría a personas en riesgo de vulnerabilidad y con dificultades de inserción laboral, sobre todo en el entorno rural, y recuerda que, junto a la lucha contra el cambio climático, una de las prioridades comunes de la Unión Europea es fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.