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viernes, 12 de octubre de 2018cermi.es semanal Nº 318

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

El CERMI plantea a Interior que las personas con discapacidad sean prioritarias en el Plan de Acción contra los Delitos de Odio

09/10/2018

El CERMI ha reclamado al Ministerio del Interior que el Plan de Acción contra los Delitos de Odio tenga en cuenta de manera prioritaria a las personas con discapacidad, debido a la mayor exposición a este tipo de violencia.

Dedos que señalan a una personaEn este sentido, el CERMI ve en el Plan de Acción contra los Delitos de Odio una oportunidad  para sacar a las personas con discapacidad de estas estadísticas de dolor y de vulneración de derechos, para lo que pide que en el plan que prepara el Gobierno se haga mención expresamente a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que todas las medidas tengan en cuenta la perspectiva de género.
 
En materia de investigación, la entidad reclama que se introduzca la variable de discapacidad en las estadísticas y estudios de la Oficina contra los Delitos de Odio, así como la especificación de las cifras desagregadas por género y tipo de discapacidad, y que se garantice la accesibilidad de las campañas de prevención y sensibilización.
 
Para mejorar la atención a las víctimas con discapacidad, el CERMI exige que se establezcan en todo momento medidas que garanticen la accesibilidad de los espacios y procesos para interponer una denuncia; garantizar que siempre se escuche a la víctima con discapacidad, incluidos los menores, y crear un grupo de trabajo para revisar y mejorar los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).
 
En esta línea, reclama que se refuerce la formación de las FCS mediante la concienciación de los derechos de las personas con discapacidad y la elaboración de materiales y conferencias que pongan en valor la credibilidad de las personas con discapacidad cuando ponen una denuncia. Asimismo, insta a que se incremente la cooperación entre las instituciones y el movimiento social de la discapacidad.
 
Las personas con discapacidad aportan nombre y rostro a  estas perturbadoras estadísticas, que constatan que el estigma pervive y que la tan invocada inclusión no ha penetrado en estos espacios de sufrimiento y dolor. Además, sustenta la tesis de la vulnerabilidad y discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad, y la ineficacia de las políticas públicas para hacer cumplir la Convención sobre Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso.
 
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