Así lo recoge la propuesta de reforma legal de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades que el CERMI ha remitido al Gobierno y a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso y en el Senado.

 

En su propuesta, el CERMI recuerda que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social recoge la obligación de las Administraciones de incorporar a las organizaciones de las personas con discapacidad representativas en "los órganos de las administraciones públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.

 

“No hace falta demostrar que el ámbito de la educación, en particular la universitaria, ha sido siempre clave para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La voz de estas personas, a través de sus organizaciones representativas, debe incorporarse al Consejo Social de Universidades”, explica el CERMI.

 

Para ello, la plataforma representativa de la discapacidad en España considera que el artículo 1 de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades debería recoger, que junto a los representantes designados por la administración autonómica y municipal correspondiente, los sindicatos o las organizaciones empresariales, debería haber un representante designado por la asociación de utilidad pública más representativa de ámbito estatal que agrupe, a su vez, a las organizaciones más representativas de los diferentes tipos de discapacidad con presencia en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad.