Según el CERMI, hasta ahora la mayor parte de las medidas a favor de los empleados públicos con discapacidad se han establecido en la fase de selección, mediante la instauración de la cuota de reserva y otro tipo de apoyos para promover el ingreso en la función pública, pero "apenas se cuenta con acciones positivas cuando la persona con discapacidad ya ha accedido a la plaza y comienza a desempeñar las tareas de su puesto en la Administración".

 

Con objeto de dar continuidad al marco de apoyos, el CERMI propone regular la movilidad de los funcionarios con discapacidad cuando sobrevienen determinadas circunstancias que dificultan, e incluso impiden, mantener el puesto de trabajo.

 

"Se trata de evitar que, una vez que ingresan en el servicio público, concurran situaciones que, de no corregirse, podrían obligar al funcionario o empleado a solicitar su excedencia, produciéndose el efecto contrario a las medidas positivas existentes en el acceso al empleo público".

 

En segundo lugar, la propuesta contiene determinadas preferencias en los concursos para la provisión de puestos, que es la forma ordinaria de acceso a los puestos de trabajo en la función pública. Dichas preferencias respetan los principios de igualdad y mérito y ya existen en otros supuestos, como el reagrupamiento con el cónyuge o el cuidado de menores, familiares o personas con discapacidad.

 

Las propuestas de modificación normativa del CERMI se dirigen tanto al reglamento general de ingreso como a aquellos específicos de otros sectores de la Administración (docente, sanitario, policía, militar, justicia y Correos).