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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 24 de enero de 2014cermi.es semanal Nº 108

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Inclusión laboral

El CERMI plantea a Economía adoptar medidas positivas a favor de la contratación de investigadores con discapacidad

17/01/2014

El CERMI ha planteado -a través de una carta dirigida a la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Mª Carmen Vela-, adoptar medidas positivas a favor de la contratación de investigadores con discapacidad.

Sede de la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad El objetivo que persigue el CERMI es que éstos puedan acceder a contratos de trabajo dentro del Subprograma Estatal de Incorporación, dirigido a la promoción de la incorporación de investigadores, tecnólogos, personal técnico y otros profesionales en I+D+I, facilitando su inserción laboral tanto en el sector público como en el privado para contribuir a incrementar la competitividad de la investigación y la innovación en España.
 
En este sentido, el CERMI plantea que la Orden recoja que las entidades y las personas beneficiarias de las ayudas a la contratación de personal investigador deben reservar, en sus ofertas de contratación, un cupo del 5% en favor de personas con discapacidad y cuando el número de contratos sea de 5 y 19, al menos una plaza reservada a las mismas.
 
Así, esta propuesta está enfocada a modificar la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el marco del programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, y que contempla ayudas a la incorporación de investigadores en centros públicos o privados de investigación.
 
Según expone el CERMI en su escrito, dichas normas no están afectadas por la aplicación de la reserva de empleo público en favor de las personas con discapacidad, prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que, explica, se trata de contratos que efectúan entidades privadas o públicas al margen de la oferta pública de empleo.
 
Además, continúa, sigue subsistiendo la necesidad de hacer frente a situaciones de discriminación “flagrantes y vejatorias” en el acceso al empleo de las personas con discapacidad, en este caso personal investigador, el cual “continúa sometido, como el resto de las personas con discapacidad, las más de las veces, a múltiples barreras y prejuicios de los empleadores a la hora de su selección y contratación, sin tener en cuenta la larga y fatigosa carrera académica que, al igual que sus compañeros, pero con dificultades añadidas, han desarrollado”.
 
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