Así se ha expresado en presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la apertura del seminario “Barreras en el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en la Unión Europea”, celebrado hoy en Madrid, en el campus de Mercado de Toledo de la Universidad Carlos III, organizado por este centro educativo y la Fundación ONCE, junto a un consorcio europeo de instancias sociales y académicas.

 

Hasta ahora, ha señalado el dirigente del CERMI, gran parte de la acción propositiva y de incidencia política del movimiento social de la discapacidad en el ámbito del Derecho privado, ha sido la reforma de la regulación sustantiva de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, para garantizar la igualdad plena, sin restricciones ni sustituciones. Encauzada esa dimensión, con la gran transformación que experimentará el Código Civil en los próximos meses en esta materia, la mayor de la democracia, toca entrar de lleno en las cuestiones de procedimiento.

 

Tras el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedicado a la igual capacidad jurídica, lo siguiente es el artículo 13, consagrado al acceso de la Justicia, cuya efectividad requerirá de cambios legislativos en las leyes judiciales y procesales españolas, y dotación de medios y recursos para la Administración de Justicia.

 

Desde el movimiento asociativo organizado de la discapacidad, estamos en disposición de confeccionar un repertorio de los ajustes de procedimiento que deberían como mínimo incorporarse a las leyes procesales, dejando un margen de libre configuración en función de cada caso concreto, concluyó Luis Cayo.