Así lo ha planteado el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín Blanco, en la reunión de seguimiento del Plan de Acción contra los Delitos de Odio del ministerio del Interior, celebrada hoy en Madrid.

 

El CERMI ha expuesto ante este grupo de trabajo de seguimiento el curso digital masivo sobre defensa legal de las personas con discapacidad organizado junto con la Fundación ONCE, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Real Patronato sobre Discapacidad, que se inicia esta primavera y que contiene un módulo específico sobre delitos de odio y personas con discapacidad.

 

Además del empoderamiento para la defensa jurídica activa, el representante del CERMI ha exigido que Interior garantice la accesibilidad de los mecanismos, canales, soportes y oficinas de denuncia de este tipo de delitos, pues de nada sirve recoger a las personas con discapacidad en el plan, si luego estas encuentran en la práctica incontables barreras a la hora de denunciar.

 

Otra de las demandas trasladadas por el CERMI, ha sido la de que la Oficina Nacional de Delitos de Odio desagregue adecuadamente los datos por razón de discapacidad en las estadísticas que elabore sobre esta realidad delincuencial.

 

Finalmente, el CERMI ha reclamado, en este momento del inicio de una nueva Legislatura, de la realización de modificaciones legales que robustezca los instrumentos contra la lucha contra los crímenes de odio y amplíe las garantías de integridad y trato apropiado a las víctimas.