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El CERMI propone medidas para un acceso efectivo de las personas con discapacidad a la Justicia

17/01/2013

El sector social de la discapacidad, representado por el CERMI, traslada al Ministerio de Justicia unas propuestas de modificación del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para mejorar la posición de las personas con discapacidad.

En este sentido, plantea la eliminación del umbral económico a personas con discapacidad necesitadas de una especial protección, aquéllas que, teniendo o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requieran de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de deficiencias intelectuales, del desarrollo o mentales de carácter permanente.

“Se trata de supuestos específicos que afectan a personas particularmente vulnerables que precisan de una especial protección jurídica, por lo que en ningún caso se les debe dificultar el ejercicio de tutela judicial efectiva”, sostiene el CERMI.

Por otra parte, propone mantener el umbral económico actual para las personas con discapacidad, reconociendo, con carácter general (y no excepcional), el umbral del cuádruplo del indicador público, cuando se trate a las personas con discapacidad señaladas en la LIONDAU, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés.

Asimismo, plantea mantener la previsión de la vigente regulación que no limita el reconocimiento a procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad, ya que “supone una restricción de nuevo cuño que reduce el beneficio para las personas con discapacidad en su actual extensión”.

Otra propuesta del CERMI es la creación de un turno de oficio especializado para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, mejorando así el acceso al turno de oficio; la creación de servicios de orientación jurídica gratuita para personas con discapacidad, para lo que se suscribirán los correspondientes convenios entre los colegios de abogados y la administración competentes; así como la creación de juzgados especializados en materia de discapacidad en las órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo.

Para el CERMI, estas propuestas buscan facilitar, mediante acciones positivas de apoyo, el acceso efectivo de las personas con discapacidad a la Justicia, ya que se trata de un grupo “lo suficientemente numeroso” como para recibir el mismo tratamiento.