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El CERMI propone medidas para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad

02/07/2012

El CERMI ha trasladado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, unas propuestas para mejorar y garantizar el acceso “efectivo” a la justicia de las personas con discapacidad, con especial atención al beneficio de la justicia gratuita.

Así, el CERMI propone estas medidas ante el anuncio del Ministerio de Justicia de que es susceptible de revisar el servicio de asistencia gratuita, la forma de abonar sus emolumentos a los abogados de oficio, pero no por cada trámite judicial, sino por caso completo; y de establecer un mayor control para garantizar que el beneficiario tiene la renta que dice tener.

Así, el CERMI opina que la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita planteada por el Ministerio constituye la vía “más adecuada” para incluir estas propuestas para facilitar el acceso a la Justicia por parte de las personas con discapacidad en consonancia con los planteamientos de la Convención de la ONU.

Además, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, así como el derecho a la asistencia gratuita como un instrumento “fundamental” regulado actualmente por Ley.

En este sentido, el total de personas que se acogen cada año en España al servicio de justicia gratuita es de 1,8 millones de personas aproximadamente, cuando, en teoría, sólo tienen derecho los ciudadanos con bajos recursos económicos; y en la práctica, se ha demostrado que ha habido abusos en el servicio, lo que ha llevado al Ministerio de Justicia a plantear que sea el Gobierno central el que se encarga del coste íntegro de la asistencia de justicia jurídica gratuita y que las Comunidades Autónomas compartan una gestión coordinada del servicio y establezcan sistemas de control para evitar el fraude.

Esta gestión coordinada, según el CERMI, implicaría, entre otras cosas, tratar de consensuar un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita.

Propuestas para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad

El CERMI ha elaborado una serie de propuestas que aporta para lograr la adecuación de la legislación española, en este sentido, adaptándola a las nuevas obligaciones de la Convención de la ONU.

En esta línea, plantea la creación de turnos de oficio especializados para personas con discapacidad, por parte de los Colegios de Abogados, de acuerdo con la Administración competente, así como la formación de sus miembros. También propone la creación de servicios de orientación jurídica para personas con discapacidad, y la creación de juzgados especializados en materia de discapacidad en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.

El CERMI explica que hay otros grupos sociales (en materia de violencia de género, extranjería o penitenciario) especialmente protegidos, con asistencias jurídicas específicas, por lo que, con respecto a las personas con discapacidad, se trataría de incluir uno nuevo que abarca a numerosas personas, “con un relevante interés jurídico digno de protección”.

En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, el CERMI propugna desarrollar y llevar a la práctica el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando quieran evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Por otra parte, el CERMI propone la designación de fiscales especializados en materia de discapacidad, con el objetivo, por un lado, de que intervengan directamente en aquellos procesos del orden penal, en relación a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas que afectan este grupo, así como del orden jurisdiccional cuando afecten a los derechos de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Además, se trataría de que coordinen los criterios de actuación de las diversas fiscalías en esta materia; y de que elaboren semestralmente un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en este ámbito también.

Por último, otra propuesta del CERMI es que las personas con discapacidad sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de umbrales económicos, ya que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita elevó ese umbral en el caso de las personas con discapacidad, pero con carácter excepcional, no como reconocimiento de un derecho.

Según el CERMI, las personas con discapacidad deben ser beneficiarias de este derecho, ya que, según indica, tienen menos oportunidades económicas, un nivel de ingresos inferior al resto, un sobrecoste que representa su situación de discapacidad y una mayor tasa de pobreza, debida a la confluencia de protección social de baja intensidad protectora y a unas tasas de inactividad cercanas al 70%.