El precepto vigente que el CERMI pide modificar con urgencia, dispone que “no podrán ser testigos en los testamentos”, entre otros, “los ciegos y los totalmente sordos o mudos”, así como “los que no estén en su sano juicio”, lo cual supone la pervivencia en nuestro ordenamiento jurídico de normas legales claramente discriminatorias contra determinadas personas con discapacidad.

 

Este artículo, al excluir a ciertas personas con discapacidad de poder actuar como testigos en el otorgamiento de testamentos, colisiona con los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España y que garantiza el acceso sin restricciones de todas las personas con discapacidad a todos las instituciones y negocios jurídicos.

 

La inadecuación de este artículo y la necesidad de la reforma del Código Civil ya han sido señaladas por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, que coincide con el CERMI en la inconsistencia de esta restricción, contraria a los derechos de las personas con discapacidad.