En concreto, el documento del CERMI, titulado ‘Por una transición justa e inclusiva para las personas con discapacidad’, ha sido elaborado para que sea tenido en cuenta por parte del relator especial sobre la Extrema pobreza y los Derechos Humanos de la ONU, en su informe de transición justa que prepara este organismo internacional.

 

La entidad alerta de la mayor exposición de las personas con discapacidad a los efectos del cambio climático, dado que pueden tener dificultades añadidas para actuar ante situaciones de catástrofe; no son tenidas en cuenta en el diseño de programas de rescate, y cuentan con menos ingresos para acceder a energías limpias. Por ello, el CERMI defiende que este proceso hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles requiere de la participación directa de las personas con discapacidad, en cuanto a la toma de decisiones o la planificación de procesos comunitarios de gestión, que permita establecer unas metas “más ambiciosas” en materia climática.

 

“Una transición no será justa si su aplicación no tiene en cuenta la marginación persistente de este colectivo en el mundo del trabajo y los impactos desproporcionadamente adversos que provoca el cambio climático”, advierte el documento.

 

 

Asimismo, el CERMI incide en la necesidad de combinar normas jurídicas, protección social, programas de desarrollo de competencias y un cambio en las actitudes que “sirva para crear un entorno propicio para que se conserven los empleos verdes y proliferen las oportunidades de trabajo decente para las personas con discapacidad”.

 

De llevarse a cabo este proceso, la plataforma representativa de la discapacidad en España augura que será “una oportunidad única para crear un futuro para todas las personas”, ya que se podrán alcanzar objetivos como la justicia social, el trabajo decente, la inclusión social y la erradicación de la pobreza.

 

Para conseguirlo, el CERMI considera que la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París de 2015 y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 deberían estar permanentemente en el horizonte de este compromiso.

 

De este modo, con el soporte de directrices internacionales e instrumentos nacionales y regionales, la entidad propone acciones dirigidas tanto al sector institucional, empresarial y sindical como a organizaciones ecologistas y de la sociedad civil.

 

En este punto, el CERMI plantea formular planes nacionales para una transición justa, creando trabajo decente y empleos verdes alineados con la Convención de la Discapacidad y la Agenda 2030. Asimismo, pide garantizar condiciones de salubridad y eficiencia energética en los hogares de las personas con discapacidad e incorporar la accesibilidad universal en todas las actuaciones de transición justa para que puedan beneficiar por igual a las personas con discapacidad, incluidas las oportunidades laborales, reservando puestos de trabajo para estas personas en los distintos proyectos.

 

Recopilar datos desglosados por discapacidad que incluyan la dimensión de género en los mercados laborales, incluidos los nuevos y emergentes sectores verdes, así como promover desde las empresas alianzas con el tejido asociativo de la discapacidad son otras propuestas del CERMI.