Así, en dicho documento, la entidad, quien entiende que la transición ecológica debe sostenerse en criterios de justicia social, incide en que la futura Ley deberá contemplar la dimensión de género, edad, discapacidad y situación socioeconómica en cualquiera de sus actuaciones y aplicaciones, puesto que el cambio climático afecta de manera “más desfavorable” y se traduce en una “mayor vulnerabilidad” para determinados colectivos.

 

De este modo, entre las principales demandas del movimiento asociativo de la discapacidad, se incluye la protección a las personas mayores y personas con discapacidad, además de la consideración a la infancia que hace referencia el documento por su alto nivel de exposición a las consecuencias del cambio climático. “Quienes toman las decisiones para ecologizar la economía deben tener en cuenta a las personas que se ven afectadas por esta ecologización de sus economías”, advierte el CERMI.

 

Por ello, defiende que en este proceso se debe promover “una cooperación permanente y constructiva con las organizaciones más representativas de estos grupos sociales” a partir de un diálogo civil intenso, donde el sector de la discapacidad tenga su propia voz. En este sentido, se propone que el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética cuente con representantes sobre las implicaciones del cambio climático y la transición energética en colectivos y personas en situación de vulnerabilidad.

 

“Debe ser una oportunidad para que la inclusión se incorpore a la agenda del ecologismo para sumar más y nuevas voces a la lucha contra la emergencia climática”, asegura el CERMI en el documento, en el cual se especifica que se debe atender, entre otras cuestiones, a los empleos, las energías y las viviendas, así como la accesibilidad para garantizar una transición justa.

 

 

Tal y como se prevé, la transición ecológica generará nuevos puestos de trabajo, así como el aumento de inversión económica. Desde el CERMI se apunta que la Ley debe promover que “los incentivos a la inversión y a la generación de empleo contemplen de forma expresa la incorporación de personas con discapacidad y otros grupos en riesgo de exclusión”.

 

Además del empleo, la educación también es otro de los asuntos de especial interés para el CERMI. A su juicio, se debe asegurar que “el colectivo conozca los riesgos e implicaciones vinculados al cambio climático y que pueda beneficiarse también de las oportunidades derivadas de la transición hacia una sociedad descarbonizada”.

 

En paralelo, se hace hincapié en la necesidad de investigar el impacto en la sociedad y los grupos en situación de vulnerabilidad desde el Gobierno. A su juicio, el primer proyecto legislativo debería contemplarlo de forma específica y en sus desarrollos normativos.

 

La transición hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles también debe establecer, entre otras medidas, una fiscalidad justa que otorgue incentivos a las personas con discapacidad a la hora de contratar energías renovables y productos con baja huella de carbono, asegurar condiciones de salubridad y eficiencia energética en los hogares de las personas con discapacidad o garantizando la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en las contribuciones determinadas a escala nacional y en las estrategias y planes de transición justos a través de sus organizaciones representativas.

 

Por último, se considera necesario alinear los objetivos de descarbonización que establece el proyecto de Ley con los incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que es el que marca los compromisos ante la Unión Europea.

 

Documento del CERMI