Así lo ha explicado el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, en relación con el documento de propuestas del CERMI de cara al 20-D. En su opinión, desde 2003 se han hecho cuatro modificaciones de esta normativa legal, “pero no dejan de ser parches, retazos, que no resuelven el problema de fondo”.

 

Si esta demanda no es atendida por el próximo Gobierno, "habrá que pasar a una movilización o a acciones de presión, porque parece que es el único mensaje que entienden algunos. Solo con el diálogo, con la propuesta, razonando no se llega muchas veces a resultados”, advierte Pérez Bueno, que recuerda que todavía el 70% de edificios de viviendas no son plenamente accesibles. Por ello, explica que si los gobernantes se tomaran en serio este asunto, no sólo se beneficiarían las personas con discapacidad, sino toda la sociedad, por cuanto las reformas que se tendrían que hacer repercutirían en el conjunto de la economía.

 

En cuanto al argumento que esgrimen algunas personas de que supondría un importante coste para las arcas públicas al tener que darse ayudas a muchas comunidades de propietarios, el presidente del CERMI responde que nadie ha protestado por el hecho de que se hayan gastado 300 millones de euros para subvencionar las  antenas para la nueva resintonización de la TDT de hace seis meses.

 

Por otra parte, al margen de la accesibilidad en los edificios de viviendas, Pérez Bueno recuerda la obligatoriedad en 2017 de que todos los entornos, productos y servicios de interés público sean universalmente accesibles y que lo que hay que plantearse "no es volver sobre lo legislado, que está bien, sino que se cumpla poniendo los medios adecuados".

 

Por último, el máximo representante del Comité ha vuelto a reclamar también a los partidos políticos la creación por ley del 'Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal', que debería nutrirse del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas y nuevas tecnologías.