"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El CERMI reclama al Congreso que evite la grave regresión de derechos para la discapacidad que contiene la reforma penal del Gobierno
Discrimina a personas con discapacidad, perpetuando el estigma y asociándolas a peligrosidad y delincuencia
17/10/2013
El CERMI se ha dirigido a los Grupos Parlamentarios del Congreso pidiendo que presenten enmiendas para evitar la grave regresión para los derechos de las personas con discapacidad que contiene el proyecto de ley de reforma del Código Penal, remitido por el Gobierno. La nueva regulación de las medidas de seguridad discrimina a determinadas personas con discapacidad, perpetuando el estigma y asociándolas a peligrosidad y delincuencia.
Hasta ahora, estas medidas de seguridad, cuando eran privativas de libertad, no podían tener más duración de la que correspondería al delito cometido si la persona inimputable hubiese sido juzgada como penalmente responsable.
El cambio normativo que pretende introducir el Gobierno elimina ese límite temporal máximo, introduciendo una enorme inseguridad e incertidumbre que perjudica a la persona con discapacidad, que podría sufrir una privación de libertad superior a la que correspondería a quien sí ha cometido un delito y es responsable penalmente del mismo.
Además, otro elemento enormemente preocupante de la reforma es la invocación de la peligrosidad social, elemento jurídico indeterminado, propio de regímenes autoritarios, que presume que determinadas personas o grupos sociales son potencialmente peligrosos para la convivencia.
La asociación de esta noción a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual supone un gravísimo ataque a su imagen personal y social, vinculándolas en el imaginario colectivo con la delincuencia y la lesión de bienes sociales, perpetuando el estigma que padecen.
El CERMI se ha opuesto firmemente a lo largo de la tramitación de esta reforma penal a estas pretensiones del Gobierno, pero no ha obtenido eco por parte del Ejecutivo, por lo que reclama al Parlamento que frustre este intento, que sería letal para los derechos de las personas con discapacidad y para los progresos obtenidos en términos de inclusión social y respeto a la diversidad en las últimas décadas.
