"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Inclusión educativa
El CERMI reclama a Educación un cambio normativo para que los estudiantes universitarios con discapacidad no sean expulsados de las prácticas en empresas
02/11/2013
El CERMI se ha dirigido al ministerio de Educación, a través de la secretaría general de Universidades, para reclamar que el Departamento promueva un cambio normativo que impida que los estudiantes universitarios con discapacidad sean expulsados de las prácticas en empresas.
El CERMI viene denunciado la rigidez normativa en materia de compatibilidad entre pensiones no contributivas y el ejercicio de actividades que generan ingresos económicos como la percepción de becas por la realización de prácticas en empresas está apartando a muchos estudiantes universitarios con discapacidad de la posibilidad de acceder a un empleo.
Son muy numerosas las quejas de estudiantes universitarios con discapacidad que están llegando al CERMI en las que exponen que se han visto obligados a renunciar a realizar prácticas en empresas como becarios, imprescindibles para más adelante abrirse camino al empleo, porque si percibían el importe de la ayuda económica de la beca perderían la pensión no contributiva que reciben por su elevado grado de discapacidad.
Ante esta disyuntiva, provocada por el severo régimen de incompatibilidades entre pensión no contributiva y actividad formativa con compensación económica, y a causa del temor a perder la prestación social, estos estudiantes renuncian a las prácticas en empresas, y por tanto al posible empleo que le seguiría, permaneciendo en la inactividad.
Cambios en la normativa
Esta deficiente regulación legal desincentiva el acceso al empleo de personas con discapacidad altamente cualificadas con interés para las empresas, por lo que debe ser modificada con urgencia. Para evitar este bloqueo, el CERMI propone cambiar la normativa sobre pensiones no contributivas en dos puntos.
Por un lado, no considerar como computables los ingresos que reciben estos pensionistas por la realización de prácticas laborales en empresas a la hora de determinar el umbral de renta que permite mantener la prestación social, y por otro, elevar sustancialmente la cuantía máxima hasta la que se permite la compatibilidad entre pensión e ingresos por el desarrollo de actividades económicas, que ahora es solo del 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM) vigente.
A este fin de conseguir el cambio normativo, el CERMI traslada a Educación una propuesta de modificación legal con objeto de que sea examinada por el Departamento que preside el ministro Wert y la promueva en el seno del Gobierno. Esta misma propuesta ha sido remitida por el CERMI a los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, como Departamentos con interés y responsabilidad en la materia, junto a Educación.