Pese al tiempo transcurrido desde su revisión, en 1996, España no ha ratificado plenamente la Carta Social Europea en su último texto actualizado, por lo que determinados derechos sociales de especial significación y alcance no son de aplicación y no pueden ser invocados por la ciudadanía española, resintiéndose por tanto su grado de protección social.

 

Esta falta de ratificación del principal instrumento de derechos sociales vigente en Europa constituye una anomalía reprochable, por lo que el movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social exigen al  Gobierno y al Parlamento la pronta incorporación de la Carta Social al ordenamiento jurídico español.

 

El CERMI ha incluido esta reivindicación como uno de los puntos primordiales de la agenda social para esta Legislatura, que complementa la gran demanda del sector de la discapacidad que pasa por la reforma de la Constitución española para otorgar rango de fundamentales a los derechos sociales, hoy insuficientemente reconocidos en nuestro texto constitucional.