España carece con carácter general de normativa sobre etiquetado en braille de productos de consumo, lo que debilita enormemente la protección como consumidores y usuarios de las personas con discapacidad visual. Solo en el ámbito de los medicamentos, y por imperativo de la Unión Europea, los envases han de contener determinada información básica rotulada en braille. En el resto, no hay obligación y está al albur de las decisiones de los fabricantes y operadores económicos, que apenas prestan atención a esta demanda social.

 

Con motivo de la celebración el 4 de enero del Día Mundial del Braille, instituido por Naciones Unidas, el CERMI exige del Ejecutivo la aprobación de una disposición normativa de ámbito estatal que regule esta materia, determinando qué productos y en qué forma han de contar con etiquetado en braille, así como con otros formatos complementarios que permitan a las personas con discapacidad visual el acceso a la información a través de distintas tecnologías de uso generalizado.

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 de Naciones Unidas depara al braille reconocimiento y protección máximas como parte esencial de la comunicación, como elemento de accesibilidad, como contenido integrante de la libertad de expresión y opinión y de acceso a la información, y como materia educativa, que ha de formar parte del aprendizaje y el currículo de las enseñanzas.